Y las Políticas Sociales no son ajenas a este contexto de diferenciación cultural, disciplinaria y de tradición histórica o social. Por eso, cuando no encontramos definiciones que satisfagan el carácter de universidad que pretendemos con los conceptos (y esto es una crítica), solemos plantear las diferentes definiciones y marcar sus diferencias. Y nos quedamos ahí. Es evidente que las Políticas Sociales para algunos son una disciplina autónoma dentro de las Ciencias Sociales, para otros una materia transversal, para otros un conjunto de prácticas y para muchos, el contexto desde el que se articulan los sistemas públicos de protección social.
Para temas tan importantes como los que atañen a las Políticas Sociales debemos buscar una definición que sea operativa y que alcance un consenso de mínimos, que refleje el carácter científico con el que abordar el análisis de la realidad social y además tenga en cuenta su carácter aplicado (acción social) en la consecución de los objetivos de bienestar social.
“Lejos
de ser seres autónomos e independientes según la teoría liberal, como seres
humanos todos hacemos parte de la sociedad y dependemos de sus estructuras y
convenciones sociopolíticas, económicas y culturales. La vulnerabilidad hace
parte de la condición humana. Esto no niega la potestad que tienen las personas
de liberarse a ellas mismas a nivel personal y político, y la responsabilidad
de los sistemas sociopolíticos, económicos y culturales de asegurar el
desarrollo y bienestar” (p.3)
Desde esa
perspectiva, la desigualdad económica y social forma parte de la estructura del
sistema-mundo capitalista en su dinámica histórica y el empobrecimiento y la
exclusión son resultado de la ausencia o del fracaso de mecanismos (incluidas
políticas sociales) que permitan atender las consecuencias y orientar el cambio
social con criterios de justicia social. Las crisis económicas y sociales como
parte de las reglas del juego y la devastación en todos los sentidos que
provoca el conflicto armado como resultado de tensiones económicas y culturales
entre las diferentes élites (Tortosa, 2001) avisan dramáticamente sobre la
necesidad de dar un giro a nuestras sociedades en materia de solidaridad, de
protección, de bienestar colectivo, haciendo partícipe a los gobiernos, al
sistema político, social y económico en su conjunto, a la ciudadanía, para
refundar nuestros Estados.
En muchas
ocasiones, estos cambios se emprenden cuando la devastación ya se ha producido,
siendo respuesta y propuesta de enmienda, compromiso para que no vuelva a
suceder, que poco a poco, se va transformado y desintegrando en esencia.
Pensemos en el Estado del Bienestar o en el Tratado de Lisboa o, sin querer ser
pesimista, en lo que habrá quedado dentro de una década del programa
NextGenerationUE.
Las
diferentes maneras en la que la ciudadanía entiende las relaciones sociales,
económicas y políticas, están construidas narrativamente a través de la
ideología (conjunto de creencias, valores y actitudes que definen una
perspectiva y condicionan un sistema de respuestas y conductas sociales e
individuales). El papel del neoliberalismo, no sólo como teoría “que exalta la
desregulación y la competencia individual como mecanismo de progreso social”
(López, 2012: 62), sino también como conjunto de valores dirigidos a atomizar y
reducir las relaciones sociales exclusivamente al individuo, ha sido clave para
entender la dimensión y gravedad de la crisis de 2008. La reducción drástica
del gasto social público por parte de los gobiernos de la mayoría de los Estados
que se endeudaron para hacer frente a la reestructuración de sus sistemas
financieros y productivos quebrados tras el fraude masivo que tuvo como
epicentro la banca de inversión estadounidense en 2007, se justificó y en parte
se aceptó socialmente gracias a la retórica neoliberal de la eficacia, del
equilibrio presupuestario y del sacrificio necesario para reactivar la
economía. El impacto de la “austeridad” incrementando la desigualdad y la
pobreza, ha sido constatado como una realidad global (López & Gómez, 2019)
a la que el Trabajo Social como disciplina y profesión se está teniendo que
enfrentar, planteándose como reto fundamental cómo mejorar los sistemas de
bienestar social y hacerlos sostenibles en un entorno cambiante (Gilbert, López
& Segado, 2015). Y precisamente en el marco de ese reto, es donde
encontramos la necesidad de revisar qué políticas sociales queremos y
necesitamos y cómo aportar desde la disciplina y la profesión el conocimiento
científico-técnico para ello. Para esto es necesario tratar de llegar a una
definición operativa de lo que son las políticas sociales en el contexto
actual.
La
discusión conceptual sobre qué son las políticas sociales está hoy lejos de
cerrarse. Parece difícil encontrar un referente común que satisfaga todas las
aristas que se observan al aproximarnos desde diferentes disciplinas y
prácticas profesionales. Sin embargo, al margen de si las queremos entender en
parte como objeto de estudio de nuestras disciplinas científicas en la rama de
las Ciencias Sociales y Jurídicas o como un conjunto de prácticas profesionales
que van dirigidas a promover la transformación y el cambio social, lo cierto es
que para a una parte amplísima de la ciudadanía lo que implican las políticas
sociales está muy cercano a la idea de calidad de vida, de bienestar
social, de protección y, quizás en menor
medida, también de derechos.
La
habitual confusión entre las políticas sociales y las agendas de los gobiernos
y partidos políticos orientadas a hacer efectivos los derechos humanos (incluidos
los económicos, sociales y culturales) en el marco de un Estado Social, puede
llevarnos a pensar que la “titularidad” de las políticas sociales es
exclusivamente pública, cuando esto no es exactamente así. Esta cuestión es especialmente relevante para
el ejercicio del Trabajo Social, pues identificar políticas sociales como el
marco normativo, jurídico e institucional en el que se produce la intervención
social o desde el que se regulan los recursos convencionales disponibles,
restringe el ejercicio de las funciones profesionales.
Es innegable la relación entre las políticas sociales y el desarrollo del Estado Social y más concretamente, con el Estado del Bienestar europeo en la segunda mitad del siglo XX. La proximidad del periodo histórico y la enorme importancia que adquirieron las políticas sociales públicas para consolidar los sistemas de protección y desarrollo social hace que el foco para el análisis de las políticas permanezca en el ámbito de lo público y que la discusión sobre la forma de entender las políticas sociales y los diferentes modelos, también se reduzca en muchos casos a lo que los diferentes gobiernos y parlamentos hacen o legislan en materia “social”. Como era de esperar, tampoco parece haber un acuerdo sobre lo que se considera “social” en las políticas públicas, dando lugar a un catálogo muy amplio tanto internacional como regional, de políticas públicas generales, transversales, sectoriales…complicando de manera muy clara el ejercicio comparativo entre diferentes sistemas de protección social (Börner, 2020).
En los regímenes de bienestar del sur de Europa (latinos, mediterráneos…), en una dinámica de “ajuste permanente” tras la crisis económica de 2008 y las políticas de austeridad posteriores (Guillén, González-Begega y Luque, 2016: 270) la idea de que las políticas sociales públicas son casi exclusivamente políticas asistencialistas de servicios sociales no parece haberse abandonado completamente en la práctica si bien hay avances tímidos para ampliar esta concepción y la práctica al marco de los derechos humanos. Lo que parece claro es que, en nuestros marcos de organización social y política, en nuestros sistemas de convivencia, necesitamos herramientas que diseñen, implementen y evalúen acciones orientadas al bienestar social y al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
Llegados a este punto, y tras décadas de producción académica desde diferentes perspectivas sobre qué son las políticas sociales y su relación con el Trabajo Social, quizá sea interesante en el momento actual y por todo lo argumentado anteriormente, una mirada desde el Trabajo Social a lo que deben ser las políticas sociales, a partir de sus propios fundamentos, enfoque disciplinario y práctica profesional.
Las
políticas sociales apuntan hacia el horizonte de desarrollo humano que las
sociedades y las personas desean alcanzar y orientan el sentido del cambio
social a través de la articulación de todas las herramientas que las personas,
la sociedad civil organizada y el Estado disponen; se concretan en normas,
planes, programas y proyectos en cuya formulación, implantación y evaluación,
se deben aplicar criterios científico-técnicos derivados de la práctica
profesional del Trabajo Social y del enfoque disciplinario de las Ciencias
Sociales,; y se fundamentan tanto en sus objetivos como en sus aspectos
técnicos, en los valores y principios éticos desde los que el Trabajo Social se
define.
De esta manera, las políticas sociales dejarían de ser exclusivamente el marco de la intervención social con personas, familias, grupos, comunidades…etc. para ser una herramienta de transformación y cambio en la que hay que incidir desde la propia práctica profesional.
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